El contrato de las obras se firmó en abril de 2020 con la empresa BAM Nuttall Ltd (grupo Royal Bam), compuesta por capitales mixtos británicos y holandeses con sede en Londres, mientras que en agosto de aquel año personal de la firma llegó a las Islas Malvinas.
“La visión es reemplazar el puerto existente con una nueva instalación que beneficiará a los usuarios en la pesca, el turismo y el transporte marítimo, así como muchas otras partes de la economía. La nueva instalación apoyará la economía nacional y permitirá el crecimiento económico futuro en muchos sectores comerciales”, señalaron desde el autoproclamado gobierno en las Islas.
Si bien la pandemia de coronavirus puso un freno a este proyecto, BAM Nuttall presentó el plano del nuevo puerto en una audiencia pública en la municipalidad. Aunque las obras no comenzaron, fuentes del gobierno de Tierra del Fuego precisaron que ya estaban trasladando equipos.
La denuncia del gobierno de Tierra del Fuego
Las autoridades de la provincia del Sur, que por ley nacional tiene jurisdicción de Malvinas, Georgias del Sur y Antártida, rechazaron el proyecto y elevaron una denuncia contra la empresa. Además, destacaron que es la primera vez que se aplica una ley provincial vigente sobre alguna acción extranjera en Malvinas.
“Esta situación está en proceso de denuncia. Es algo inédito porque es la primera vez que un Gobierno provincial toma una medida de estas características, que de manera autónoma avanzamos en este sentido. Para hacer un puerto se tiene que cumplir con las leyes provinciales”, explicó a Página/12 Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
El funcionario precisó que la Secretaría a su cargo denunció ante la Secretaría de Medio Ambiente, organismo dentro del ámbito del Ministerio de Producción y Ambiente, que la empresa internacional incurre en la violación a dos leyes provinciales: la de Aguas y la de Ambiente.
A través de aquel procedimiento, la Secretaría de Ambiente enviará una notificación oficial a la firma Bam Nuttall Ltd, en la que se la intima a la regulación. Desde ese momento, tiene 90 días para presentar toda la documentación. “En función de la respuesta que tengamos se ve si entra la etapa de judicialización”, indicó Dachary.
“Cualquier empresa que quiere hacer una construcción de este tipo en la provincia tiene que hacer determinadas solicitudes para poder avanzar. La empresa va a construir ilegalmente en territorio nuestro”, denunció Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, en diálogo con este diario. (Fuente: Página 12).
