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La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100millones en el juicio por YPF

29 octubre, 2025
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100millones en el juicio por YPF
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Todo era murmullos, aunque ya se escuchaba mencionar la palabra “Argentina” pronunciada en inglés. Los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ingresaron a la sala 1703, se escucharon los tres golpes sobre la mesa y comenzó la audiencia en la que el país buscó revertir el fallo adverso por el caso YPF que lo obliga a pagar US$16.100 millones.
“Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, lanzó el abogado Robert Giuffra, contratado por la Argentina para ejercer su defensa. Del otro lado, el abogado Paul Clement, de los demandantes (Burford), defendió el fallo en primera instancia que obtuvieron a su favor: “La jueza [Loretta] Preska realizó un gran trabajo en este caso”.
Estas frases reflejaron la tensión que generaron los 96 minutos de audiencia, aunque no así los argumentos presentados por las partes para buscar anular el fallo en primera instancia de la jueza Preska o sostenerlo. Los jueces de la Corte de Apelaciones hacían preguntas a los abogados y dieron por finalizada esta instancia a las 14.26 de Buenos Aires. Su veredicto todavía no tiene fecha.
Pese a eso, fuentes oficiales manifestaron a LA NACION satisfacción luego de la audiencia de apelación. Asimismo, las acciones del demandante Burford, según Bloomberg, caían hasta 15% en la jornada.
El primero en tomar la palabra fue el abogado de la defensa argentina. “La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”, explicó la Procuración del Tesoro en un comunicado oficial. Esta postura sostiene que el país actuó acorde a la legislación local.
“La República Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”, concluyó el comunicado de la defensa argentina.
Por su parte, los demandantes de la Argentina, Burford, un buffet de abogados que adquirió los derechos de reclamos judiciales del Grupo Petersen, uno de los viejos accionistas de YPF, señalaron que incluso bajo la legislación argentina su reclamo sería válido. En consecuencia, defendieron la decisión tomada en primera instancia por la jueza Preska.
LA NACION se contactó con representantes de Burford luego de la audiencia para conocer su visión sobre el desarrollo de dicha instancia, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios.
Los jueces de la Corte de Apelación realizaron más preguntas a los abogados demandantes que a los que representan a la Argentina. En uno de esos intercambios, Clement, de la parte de Burford, desacreditó a la defensa del país respecto de “una de las teorías” que utiliza para “no hacerse cargo de su obligación”. Incluso, imitó supuestas risas para transmitir lo que, según él, reflejaba la postura oficial al momento de la expropiación.
“Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000%, a expensas del pueblo argentino”, describieron desde la Procuración del Tesoro.
Ahora se abren dos posibles escenarios después de la audiencia de apelación. Si bien la resolución final no tiene fecha de publicación, los magistrados pueden hacer lugar a la petición argentina o rechazarla.
En caso de ser exitoso el reclamo de la Argentina, en los despachos oficiales confían que todos los otros litigios vinculados al caso YPF también queden sin efecto. Entre ellos se encuentra el expediente que busca determinar si la petrolera es un alter ego del Estado, trámite judicial por el que se puso una fecha límite a funcionarios argentinos a entregar sus chats personales.

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