El 17 de diciembre de 2023, con apenas una semana en el poder y antes de que Javier Milei y Federico Sturzenegger anunciaran por cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Gobierno recurrió al sector privado para asesorarse y definir los alcances y la letra chica de la reforma laboral. Del aporte de ideas participaron estudios jurídicos especializados en derecho laboral que comulgan con el oficialismo y que sugirieron reducir cálculos indemnizatorios, limitar el derecho a huelga y contar con más facilidades para emplear y despedir personal. Entre esos asesores ad honorem estaba también Julio Cordero, hoy secretario de Trabajo aunque en ese entonces contratado a sueldo en Finma SA, una financiera ligada a Techint, donde se desempeñó durante 35 años en el equipo de legales.
Un funcionario de peso del gabinete y el propio Cordero reconocieron a LA NACION que el capítulo IV del DNU 70/23 se elaboró con aportes de especialistas del sector privado, convocados por Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.
El capítulo laboral del decreto derivó en la primera huelga general de la CGT contra Milei y la pulseada se dirimió en la Justicia. La Cámara del Trabajo suspendió el DNU, que está aún pendiente de una resolución de la Corte Suprema. El argumento central del fallo fue que no estaban acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso para dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral. Ahora, más fortalecido en ambas cámaras, Milei se propone a avanzar con su reforma laboral por la vía legislativa, con un proyecto de ley que contempla las iniciativas frenadas en la Justicia: ampliar la jornada laboral o ir hacia un sistema de banco de horas; fragmentar el período de vacaciones; flexibilizar a través de convenios colectivos las negociaciones salariales, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia, entre otros puntos.
Punte se sumó a los equipos de La Libertad Avanza (LLA) antes de que Milei ganara las elecciones presidenciales de 2023. En una exposición organizada por el estudio jurídico Bruchou-Funes de Rioja, uno de los más taquilleros del rubro, disertó allí como el referente en temas laborales de LLA y reforzó la idea de Milei de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, al estilo el de la Uocra.
Por entonces, Punte puso el ojo en las contribuciones patronales. “Deben ser acordadas libremente por las partes, no deberían ser obligatorias. Las empresas podrían negarse”, especificó. De implementarse esta medida, sería un golpe para la recaudación de los sindicatos. Peor para los gremios sería si resuelve desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical. A esas cajas apunta ahora Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación. El funcionario los llama “peajes sindicales”.
Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
