El jefe de Gabinete Manuel Adorni contó con un operativo de seguridad sin precedentes en el barrio porteño de Caballito, donde se desplegaron aproximadamente 60 efectivos de la Policía Federal para custodiar su departamento. La movilización se produjo el lunes cuando docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizaron una clase abierta en la intersección de Mirò y José Bonifacio, a solo metros de la propiedad del funcionario, para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presencia masiva de fuerzas de seguridad transformó el paisaje cotidiano del barrio, con un cordón policial que incluía un micro y seis camionetas de la Federal estacionadas sobre Directorio, además de móviles distribuidos en las calles aledañas. Vecinos expresaron sorpresa ante el inusual operativo, que algunos consideraron desproporcionado comparándolo con lo que hubiera significado destinar esos recursos a mejorar los salarios docentes.
El conflicto escaló tras la revelación de que Adorni adquirió un departamento en la zona por más de 300 mil dólares, inmueble que no figuraba en su declaración jurada del año anterior. El funcionario había admitido la compra en una conferencia de prensa donde explicaba su vuelo privado a Punta del Este y la presencia de su esposa en el avión presidencial durante un viaje a Nueva York. Esta omisión generó indignación en el vecindario y alimentó especulaciones sobre la forma en que fue financiada la operación inmobiliaria.
Los docentes participantes de la clase pública aprovecharon la oportunidad para cuestionar la posición del jefe de Gabinete en materia de auditorías universitarias. “Se la pasó pidiendo auditorías para las universidades, hay que ver si él resiste una”, expresó Gabriel, docente de Filosofía y Letras, haciendo referencia a las críticas que Adorni ha formulado hacia el sector académico.
La acción de protesta contó con cobertura de múltiples medios de comunicación cuyos cronistas permanecieron en el lugar más allá de la conclusión del acto. Los vecinos consultados manifestaron descontento tanto con la decisión del funcionario de instalarse en el barrio como con el despliegue policial que consideraron innecesario y costoso para las arcas públicas.
Fuente: www.lapoliticaonline.com
