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El Gobierno aprobó la primera fase de la licitación destinada a vender el 90% de las acciones estatales de AYSA y se prepara para recibir las ofertas económicas finales de los grupos interesados.
La operación forma parte del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei y representa uno de los procesos más relevantes dentro del repliegue del Estado en materia de servicios públicos. Según trascendió, dos consorcios competirán en la instancia definitiva para quedarse con el control de la compañía.
Desde el oficialismo sostienen que el ingreso de capital privado permitirá mejorar la eficiencia operativa y acelerar inversiones en infraestructura. Los detractores de la medida, en cambio, advierten sobre posibles aumentos tarifarios y una menor capacidad de control estatal.
La definición será observada con atención por el mercado y por los sectores políticos opositores, que consideran a la empresa de agua y saneamiento uno de los activos estratégicos más importantes del país.
