sábado, julio 27, 2024

Patricia Bullrich prepara el operativo de seguridad para el 24 de marzo: ¿aplica el protocolo antipiquete?

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La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la movilización y llamó a la convocatoria en todo el país:

“Esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”.

La marcha se desarrollará en medio de la conmoción generada tras la denuncia de abuso sexual de una militante de la organización HIJOS, en un ataque que, según las fuentes del caso, fue motivado por fines políticos.

Patricia Bullrich prepara el operativo de seguridad para el 24 de marzo.

Patricia Bullrich prepara el operativo de seguridad para el 24 de marzo.

El operativo de seguridad para el 24 de marzo

Desde el Gobierno de la Ciudad informaron cuáles serán los cortes y puntos de concentración para la movilización y, además, aseguraron que cumplirán con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que aboga por el “derecho a circular”:

“En las esquinas habrá presencia de diferentes agentes del Gobierno de la Ciudad a fin de ordenar la circulación y que se respete tanto el derecho a manifestarse como el derecho a circular”.

En esa línea, fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron que “se desplegará un operativo a fin de ordenar la circulación de vehículos y peatones durante la movilización. Durante la jornada, trabajarán efectivos de la Policía de la Ciudad, Agentes de tránsito y de Prevención”.

Casación rechaza domiciliarias a represores y manda mensaje en las vísperas del 24 de marzo

Para conjurar rumores acerca de que el Gobierno avanzaría en una decisión que impacte en la situación de detención de los condenados por delitos de lesa humanidad vinculados a la última dictadura, la Cámara Federal de Casación Penal adoptó hoy una definición que se expande más allá de los límites del caso en el que rechazó otorgar el beneficio de una prisión domiciliaria a un represor.

El máximo Tribunal penal decidió rechazar la apertura de un “plenario” que se solicitaba, lo que podría haber habilitado una modificación de criterio jurídico de todas las salas en expedientes donde están involucrados imputados mayores a 70 años.